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Política&Economía Para hablar de política y economía argentina e internacional.

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Antiguo 14-Dec-2017, 01:49   #11
mariano67
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Predeterminado Respuesta: Las pruebas del lavado de cerebro que consumaron sobre los argentinos.

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Pero sé quién soy, dónde vivo, de qué vivo, cuándo tengo ganas de ir al baño, etcétera, y no me cabe duda de que el país está como el orto, y que el kirchnerato no solucionó nada.

Y el macrato tampoco con el agravante que está destruyendo el futuro de la Argentina y empeorando todo, pero de esto ultimo vos no decís nada.
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Antiguo 14-Dec-2017, 22:59   #12
Roberto1957
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Y el macrato tampoco con el agravante que está destruyendo el futuro de la Argentina y empeorando todo, pero de esto ultimo vos no decís nada.
Al kirchnerato me lo fumé doce años, Macri recién hace dos años que está, y recibió un país hecho mierda.
Veremos si Macri hace algo para arreglar este país.
Como sea, arreglarlo va a llevar varios años, dudo que cuatro años sea suficiente.
Lo que tengo para criticar a Macri, por ahora, es que es un tibio, debería mandar al ejército a reprimir a los pseudo mapuches, a los de la cagámpora, a los del grupo quebracho, y a toda esa lacra que pulula por ahí.
__________________
Sólo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entienda.
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Antiguo 15-Dec-2017, 00:41   #13
mariano67
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Al kirchnerato me lo fumé doce años, Macri recién hace dos años que está, y recibió un país hecho mierda.
Veremos si Macri hace algo para arreglar este país.
Como sea, arreglarlo va a llevar varios años, dudo que cuatro años sea suficiente.
Lo que tengo para criticar a Macri, por ahora, es que es un tibio, debería mandar al ejército a reprimir a los pseudo mapuches, a los de la cagámpora, a los del grupo quebracho, y a toda esa lacra que pulula por ahí.
Dicen que Carrio hoy lo cagó.
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Antiguo 24-Dec-2017, 20:35   #14
tatincito
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Predeterminado Respuesta: Las pruebas del lavado de cerebro que consumaron sobre los argentinos.

Un nuevo paneo por Google que nos permite ver la cantidad de millones de veces que se han dicho, solo en medios y redes de Argentina (Las millones de veces repetidas en radios y canales no entran aquí) alguna frase de claro sentido acusatorio, descalificador o peyorativo sobre el kirchnerismo.*

En esta lista hay mas de 230.000.000 de referencias negativas hacia todo lo que sea el FPV. ¿Realmente creen que nos les lavaron el cerebro? Y ahora que el Hectitor se quedó con el cuádruple play, no solo se los van a lavar, se los van a reducir al tamaño de una pelotita de ping pong.

Y la culpa no es del chancho...

Relato K: 35.000.000 resultados

Medios K: 13.500.000

Ley de Medios K: 4.430.000

Furia K: 19.800.000

Odio K: 20.200.000

Odio a los K: 21.900.00

Desesperación K: 13.600.000

Fraude K: 17.6000.000

Periodistas K: 51.400.000

Ataque k: 15.900.000

Robo k
34.200.000 resultados*

Que chiquito les va a quedar el cerebro después del lavado que les están haciendo.
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Antiguo 24-Dec-2017, 20:39   #15
tatincito
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Al kirchnerato me lo fumé doce años, Macri recién hace dos años que está, y recibió un país hecho mierda.
Veremos si Macri hace algo para arreglar este país.
Como sea, arreglarlo va a llevar varios años, dudo que cuatro años sea suficiente.
Lo que tengo para criticar a Macri, por ahora, es que es un tibio, debería mandar al ejército a reprimir a los pseudo mapuches, a los de la cagámpora, a los del grupo quebracho, y a toda esa lacra que pulula por ahí.
La única lacra que tenemos en este país son los que piden que se les aplique la violencia represiva a balazos y gases a los que piensan distinto.

Pero no es tu caso, ¿verdad, Robertito?
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Antiguo 25-Dec-2017, 00:24   #16
Roberto1957
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La única lacra que tenemos en este país son los que piden que se les aplique la violencia represiva a balazos y gases a los que piensan distinto.

Pero no es tu caso, ¿verdad, Robertito?
"Pensar distinto" y "delinquir" no son lo mismo.
A los delincuentes hay que meterlos presos.
Y si los delincuentes se resisten, si atacan, entonces hay que meterles bala.
Así es como funciona en cualquier país serio del mundo, ejemplo EEUU, Alemania, etcétera, y también funciona así en países como Rusia, China, etcétera.
¿No estabas enterado?
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Antiguo 25-Dec-2017, 19:59   #17
tatincito
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"Pensar distinto" y "delinquir" no son lo mismo.
A los delincuentes hay que meterlos presos.
Y si los delincuentes se resisten, si atacan, entonces hay que meterles bala.
Así es como funciona en cualquier país serio del mundo, ejemplo EEUU, Alemania, etcétera, y también funciona así en países como Rusia, China, etcétera.
¿No estabas enterado?
Pues me acabo de enterar que los que se manifiestan en contra de un gobierno son delincuentes.

Tambien me entero que los que arrojan piedras son delincuentes. Los consideraba simples contraventores.
Para mi delincuentes son los que le acaban de robar 100.000 millones de pesos a los jubilados y no los que defendieron de ese ataque a los 17 millones de perjudicados por ese robo.

El problema de este pais siguen siendo los impolutos que acusan a todo el mundo de ser lo peor. Pero, repito, no parece ser tu caso, Robertito.
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Antiguo 25-Dec-2017, 23:55   #18
Roberto1957
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Pues me acabo de enterar que los que se manifiestan en contra de un gobierno son delincuentes.

Tambien me entero que los que arrojan piedras son delincuentes. Los consideraba simples contraventores.
Para mi delincuentes son los que le acaban de robar 100.000 millones de pesos a los jubilados y no los que defendieron de ese ataque a los 17 millones de perjudicados por ese robo.

El problema de este pais siguen siendo los impolutos que acusan a todo el mundo de ser lo peor. Pero, repito, no parece ser tu caso, Robertito.
Parece que para vos tirar piedras es "pensar distinto".
Voy a citar lo que encontré por ahí, porque es más fácil que ponerse a escribir.

Cito:
Por qué la violencia frente al Congreso fue un acto de sedición



Todos vimos lo ocurrido en Buenos Aires y en La Plata el 14 y el 18 de diciembre. No fueron manifestaciones duras que ejercían el derecho a reunirse y peticionar a las autoridades. No fueron solamente una alteración del orden público por el fútbol o para asaltar supermercados. Fueron movilizaciones violentas con planeamiento, organización, tácticas, financiación y dirección concebidas para alterar el orden constitucional, impedir el funcionamiento de los poderes legítimos del Estado. Por eso hubo sedición.

No importa que no haya existido una fuerza armada en el sentido clásico, porque la Constitución y el Código Penal también consideran sedición a cualquier grupo de personas que se atribuya los derechos del pueblo e impida que deliberen y gobiernen las autoridades legales. Aunque no usen armas convencionales.

Esas hordas violentas quisieron impedir la ejecución de las leyes y las decisiones de los funcionarios públicos legítimos, como también define el Código Penal. ¿Cuáles leyes? Las normas que rigen al Congreso y la Legislatura. ¿Qué decisiones? El tratamiento de proyectos de ley. Más claro, imposible.

Lo ocurrido no puede exculparse con el argumento del derecho a manifestarse y peticionar, porque no hubo una manifestación pacífica como tantas que hemos visto. Fue una rebelión violentísima, coordinada y organizada que atacó a las fuerzas de seguridad con salvajismo para tomar el Congreso. Y en La Plata fue en algún aspecto, todavía peor.

Dejando de lado la ilegítima actuación previa de una jueza que debe ser juzgada con todo rigor, algunos creen que fue demasiado débil y formal la reacción judicial federal, porque no aplicó la ley con la energía y el rigor imprescindibles ante semejante ataque al Poder Legislativo.

En menos de 24 horas se liberó a todos los detenidos por la inicial ausencia de pruebas, al menos en los momentos inmediatamente posteriores a los disturbios. Si aparecen pruebas quizás, solo quizás, sean recapturados. Mientras, seguirán delinquiendo.

Debemos preguntarnos dos cosas: primero, si el juez a cargo extremó las medidas a su alcance para saber si al menos algunos de las decenas de detenidos habían delinquido. Lo sabremos cuando se conozca en profundidad el expediente.

Lo segundo se proyecta hacia el futuro: no hay duda de que hubo sedición, porque existió un alzamiento grupal contra el orden constitucional. Remarquemos que la sedición es gravísima, porque atenta contra el valor clave de nuestra convivencia: estar sometidos solo a las leyes y a las autoridades elegidas democráticamente. Tan grave es que aunque solamente ocurra una mera alteración del orden, igual debe haber penalidades, como manda el artículo 232 del Código Penal. Hasta hay sanción penal cuando se descubre antes de que empiece a cometerse.

El problema con este gravísimo delito es que se comete por muchas personas en grupo, a veces a cara tapada, en medio de humo, corridas y caos inimaginable. Eso dificulta mucho la obtención de pruebas de que cada detenido es directamente responsable, al menos con los parámetros tradicionales de análisis individual y específico, con jueces que demasiadas veces son excesivamente reacios a aceptar pruebas razonables.

Vimos cientos de atacantes con violencia desatada, organizados, armados con martillos, objetos punzantes, piedras y hasta bazucas caseros, dicen que coordinados con algunos diputados, tratando de impedir el proceso legislativo. También hubo delitos de lesiones gravísimas, graves y leves, robos, hurtos, daños, estrago, asociación ilícita, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del crimen, atentado al orden público, resistencia a la autoridad, denegación y retardo de justicia y encubrimiento.

Esos ataques han costado mucho dolor y daños físicos a nuestros policías y nos costará decenas de millones de nuestros impuestos reparar los bienes públicos destruidos, o sea, dinero nuestro que no irá ni a educación, ni a salud, ni a seguridad.

Claro que jueces y fiscales no pueden ser ni débiles ni crueles: tienen la obligación y el monopolio de aplicar las leyes, siempre y con rigor y cordura. O sea, deben hacer justicia.

Por eso, para impedir tanto la debilidad sistémica como la arbitrariedad, necesitamos reformar ciertas normas procesales para revertir la debilidad probatoria en casos colectivos como la sedición, que pueden provocar la impunidad de los sediciosos. Seguir así sería suicida para la democracia, que quedaría indefensa ante unos cientos de violentos.



Una ley debe imponer más apertura al sentido común, las inducciones y las deducciones, menos formalismos exculpatorios y más herramientas tecnológicas y probatorias. Sumando las técnicas documentales modernas será posible dejar de estar tan indefensos ante estos ataques, por ejemplo, a través de reconocimiento facial y de imágenes, tan comunes en las redes sociales, sin aplicar la teoría del fruto del árbol prohibido.

Si seguimos con la debilidad institucional y los formalismos actuales, proliferarán grupos como los del otro día, que al no conseguir ganar el poder con elecciones, quieren lograrlo por el miedo y el caos. Solo podemos defendernos con leyes modernas, aptas, de ejecución rápida y segura.

La Justicia es responsable de proteger a los ciudadanos y más aún: al sistema republicano. Deben hacerlo con energía, rapidez, firmeza y eficiencia, como lo demostró el juez de la Corte Julio Oyhanarte cuando solo con su coraje, un papel y una lapicera tomó juramento al presidente provisional Guido, impidiendo al golpista general Poggi asumir la presidencia tras derrocar a Frondizi.

Pasaron desde esa gesta tan solitaria como heroica 55 años y tenemos más recursos que papel y lapiceras. La tecnología permite reconocer las caras de los sediciosos y los delincuentes; los drones ven ángulos e imágenes antes imposibles, en fin, hay otro mundo. La cuestión es que las leyes les permitan y obliguen a los jueces a tomar las medidas preventivas rápidas para que estos desastres republicanos no se conviertan en el prólogo de una etapa nefasta de fuerza bruta y violencia.

Si tenemos miedo de aplicar las leyes, si dejamos impunes también a estos atentados contra el orden constitucional, será el inicio de tiempos demasiado oscuros que nos quitarán el futuro. Cambiemos.

El autor es abogado y ex integrante del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

Fuente.

Cito:
Sedición, un término que deriva del latín seditĭo, es un levantamiento grupal contra los gobernantes, las autoridades o el orden vigente. Por lo general, se considera la sedición como un movimiento o una actitud que tiene una gravedad menor que una rebelión o una revolución.

Fomentar organizaciones que se oponen a la autoridad, promover la resistencia al poder y realizar discursos públicos en contra del orden establecido son algunas acciones típicas de la sedición. Estas prácticas pueden considerarse como un delito dependiendo del contexto y la legislación de cada país.

De esta manera, hay que decir que las manifestaciones pacíficas, los actos de protesta y el ejercicio de la oposición política no suelen considerarse como actos de sedición ni acciones ilegales en los regímenes democráticos.

Podemos tomar el caso de la República Argentina para comprender qué es la sedición y en qué punto se consideran sus acciones como un delito. De acuerdo a la Constitución de este país sudamericano, el pueblo gobierna a través de sus representantes y de las autoridades establecidas por la Carta Magna. Las personas que pretenden atribuirse los derechos de los ciudadanos y realizar reclamos en su nombre, afirma la Constitución argentina, incurren en el delito de sedición.

De este modo, si integrantes de la fuerza policial deciden no acatar las órdenes del poder político hasta que se les otorgue un aumento de salario, estas personas podrán ser acusadas de sedición ya que no están respetando lo establecido por la Constitución. En Argentina, las condenas por sedición pueden acarrear varios años de cárcel.

La persona responsable de promover las actitudes y los hechos recién descritos, correspondientes a una situación que puede catalogarse de sedición, se considera “sediciosa”, una palabra que puede actuar como adjetivo o como sustantivo, según el caso.

Con respecto al término sedición, puede decirse que en la modernidad apareció por primera vez alrededor del 1590, durante el reinado de Isabel I, aunque mucho antes ya puede apreciarse en la biblia católica para referirse a la acción de promover a través de escritos o palabras la hostilidad hacia la autoridad constituida o el Estado.

SediciónExisten leyes de sedición en países como Estados Unidos y Australia; en este último, forma parte de una ampliación de las sanciones y definiciones de la legislación antiterrorista que efectuaron en el mes de diciembre de 2005. Un caso conocido de sedición tuvo lugar en el año 1981, cuando un nacionalista puertorriqueño llamado Oscar López Rivera, quien había luchado en la guerra de Vietnam, recibió una condena a 70 años en la cárcel por haber conspirado en un delito sedicioso, entre otros.

López Rivera se encuentra entre los 16 individuos a los cuales Bill Clinton les ofreció un indulto condicional en el año 1999; sin embargo, él no lo aceptó. Según su hermana, la razón de su rechazo se debió a que no veía la diferencia entre estar encerrado y no poder hacer un uso pleno de su libertad. El tiempo que este hombre pasó en la cárcel, 32 años, lo ubica en el puesto del preso político que más ha durado tras las rejas en la historia de su país, pero también a nivel mundial.

En el año 2005, una mujer mexicana fue el foco de una investigación por actos sediciosos, luego de haber escrito una carta a un diario local en la cual criticaba negativamente al gobierno. El Sindicato para las Libertades Civiles en América estuvo a cargo del caso y consiguió que la acusada fuera exonerada de los cargos. Colombia considera la sedición como un delito que obstruye temporalmente el régimen legal vigente a través del uso de armas, y contempla la exclusión de la pena siempre que no acarree actos de barbarie, ferocidad o terrorismo.

Fuente.

Cito:
Constitución Nacional Nacional
Artículo 22.


Constitución Nacional Artículo 22 Nacional


El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución.

Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.

Nacional Artículo 22 Constitución Nacional

Fuente.
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mariano67
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Parece que para vos tirar piedras es "pensar distinto".
Voy a citar lo que encontré por ahí, porque es más fácil que ponerse a escribir.

Cito:
Por qué la violencia frente al Congreso fue un acto de sedición



Todos vimos lo ocurrido en Buenos Aires y en La Plata el 14 y el 18 de diciembre. No fueron manifestaciones duras que ejercían el derecho a reunirse y peticionar a las autoridades. No fueron solamente una alteración del orden público por el fútbol o para asaltar supermercados. Fueron movilizaciones violentas con planeamiento, organización, tácticas, financiación y dirección concebidas para alterar el orden constitucional, impedir el funcionamiento de los poderes legítimos del Estado. Por eso hubo sedición.

No importa que no haya existido una fuerza armada en el sentido clásico, porque la Constitución y el Código Penal también consideran sedición a cualquier grupo de personas que se atribuya los derechos del pueblo e impida que deliberen y gobiernen las autoridades legales. Aunque no usen armas convencionales.

Esas hordas violentas quisieron impedir la ejecución de las leyes y las decisiones de los funcionarios públicos legítimos, como también define el Código Penal. ¿Cuáles leyes? Las normas que rigen al Congreso y la Legislatura. ¿Qué decisiones? El tratamiento de proyectos de ley. Más claro, imposible.

Lo ocurrido no puede exculparse con el argumento del derecho a manifestarse y peticionar, porque no hubo una manifestación pacífica como tantas que hemos visto. Fue una rebelión violentísima, coordinada y organizada que atacó a las fuerzas de seguridad con salvajismo para tomar el Congreso. Y en La Plata fue en algún aspecto, todavía peor.

Dejando de lado la ilegítima actuación previa de una jueza que debe ser juzgada con todo rigor, algunos creen que fue demasiado débil y formal la reacción judicial federal, porque no aplicó la ley con la energía y el rigor imprescindibles ante semejante ataque al Poder Legislativo.

En menos de 24 horas se liberó a todos los detenidos por la inicial ausencia de pruebas, al menos en los momentos inmediatamente posteriores a los disturbios. Si aparecen pruebas quizás, solo quizás, sean recapturados. Mientras, seguirán delinquiendo.

Debemos preguntarnos dos cosas: primero, si el juez a cargo extremó las medidas a su alcance para saber si al menos algunos de las decenas de detenidos habían delinquido. Lo sabremos cuando se conozca en profundidad el expediente.

Lo segundo se proyecta hacia el futuro: no hay duda de que hubo sedición, porque existió un alzamiento grupal contra el orden constitucional. Remarquemos que la sedición es gravísima, porque atenta contra el valor clave de nuestra convivencia: estar sometidos solo a las leyes y a las autoridades elegidas democráticamente. Tan grave es que aunque solamente ocurra una mera alteración del orden, igual debe haber penalidades, como manda el artículo 232 del Código Penal. Hasta hay sanción penal cuando se descubre antes de que empiece a cometerse.

El problema con este gravísimo delito es que se comete por muchas personas en grupo, a veces a cara tapada, en medio de humo, corridas y caos inimaginable. Eso dificulta mucho la obtención de pruebas de que cada detenido es directamente responsable, al menos con los parámetros tradicionales de análisis individual y específico, con jueces que demasiadas veces son excesivamente reacios a aceptar pruebas razonables.

Vimos cientos de atacantes con violencia desatada, organizados, armados con martillos, objetos punzantes, piedras y hasta bazucas caseros, dicen que coordinados con algunos diputados, tratando de impedir el proceso legislativo. También hubo delitos de lesiones gravísimas, graves y leves, robos, hurtos, daños, estrago, asociación ilícita, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del crimen, atentado al orden público, resistencia a la autoridad, denegación y retardo de justicia y encubrimiento.

Esos ataques han costado mucho dolor y daños físicos a nuestros policías y nos costará decenas de millones de nuestros impuestos reparar los bienes públicos destruidos, o sea, dinero nuestro que no irá ni a educación, ni a salud, ni a seguridad.

Claro que jueces y fiscales no pueden ser ni débiles ni crueles: tienen la obligación y el monopolio de aplicar las leyes, siempre y con rigor y cordura. O sea, deben hacer justicia.

Por eso, para impedir tanto la debilidad sistémica como la arbitrariedad, necesitamos reformar ciertas normas procesales para revertir la debilidad probatoria en casos colectivos como la sedición, que pueden provocar la impunidad de los sediciosos. Seguir así sería suicida para la democracia, que quedaría indefensa ante unos cientos de violentos.



Una ley debe imponer más apertura al sentido común, las inducciones y las deducciones, menos formalismos exculpatorios y más herramientas tecnológicas y probatorias. Sumando las técnicas documentales modernas será posible dejar de estar tan indefensos ante estos ataques, por ejemplo, a través de reconocimiento facial y de imágenes, tan comunes en las redes sociales, sin aplicar la teoría del fruto del árbol prohibido.

Si seguimos con la debilidad institucional y los formalismos actuales, proliferarán grupos como los del otro día, que al no conseguir ganar el poder con elecciones, quieren lograrlo por el miedo y el caos. Solo podemos defendernos con leyes modernas, aptas, de ejecución rápida y segura.

La Justicia es responsable de proteger a los ciudadanos y más aún: al sistema republicano. Deben hacerlo con energía, rapidez, firmeza y eficiencia, como lo demostró el juez de la Corte Julio Oyhanarte cuando solo con su coraje, un papel y una lapicera tomó juramento al presidente provisional Guido, impidiendo al golpista general Poggi asumir la presidencia tras derrocar a Frondizi.

Pasaron desde esa gesta tan solitaria como heroica 55 años y tenemos más recursos que papel y lapiceras. La tecnología permite reconocer las caras de los sediciosos y los delincuentes; los drones ven ángulos e imágenes antes imposibles, en fin, hay otro mundo. La cuestión es que las leyes les permitan y obliguen a los jueces a tomar las medidas preventivas rápidas para que estos desastres republicanos no se conviertan en el prólogo de una etapa nefasta de fuerza bruta y violencia.

Si tenemos miedo de aplicar las leyes, si dejamos impunes también a estos atentados contra el orden constitucional, será el inicio de tiempos demasiado oscuros que nos quitarán el futuro. Cambiemos.

El autor es abogado y ex integrante del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

Fuente.

Cito:
Sedición, un término que deriva del latín seditĭo, es un levantamiento grupal contra los gobernantes, las autoridades o el orden vigente. Por lo general, se considera la sedición como un movimiento o una actitud que tiene una gravedad menor que una rebelión o una revolución.

Fomentar organizaciones que se oponen a la autoridad, promover la resistencia al poder y realizar discursos públicos en contra del orden establecido son algunas acciones típicas de la sedición. Estas prácticas pueden considerarse como un delito dependiendo del contexto y la legislación de cada país.

De esta manera, hay que decir que las manifestaciones pacíficas, los actos de protesta y el ejercicio de la oposición política no suelen considerarse como actos de sedición ni acciones ilegales en los regímenes democráticos.

Podemos tomar el caso de la República Argentina para comprender qué es la sedición y en qué punto se consideran sus acciones como un delito. De acuerdo a la Constitución de este país sudamericano, el pueblo gobierna a través de sus representantes y de las autoridades establecidas por la Carta Magna. Las personas que pretenden atribuirse los derechos de los ciudadanos y realizar reclamos en su nombre, afirma la Constitución argentina, incurren en el delito de sedición.

De este modo, si integrantes de la fuerza policial deciden no acatar las órdenes del poder político hasta que se les otorgue un aumento de salario, estas personas podrán ser acusadas de sedición ya que no están respetando lo establecido por la Constitución. En Argentina, las condenas por sedición pueden acarrear varios años de cárcel.

La persona responsable de promover las actitudes y los hechos recién descritos, correspondientes a una situación que puede catalogarse de sedición, se considera “sediciosa”, una palabra que puede actuar como adjetivo o como sustantivo, según el caso.

Con respecto al término sedición, puede decirse que en la modernidad apareció por primera vez alrededor del 1590, durante el reinado de Isabel I, aunque mucho antes ya puede apreciarse en la biblia católica para referirse a la acción de promover a través de escritos o palabras la hostilidad hacia la autoridad constituida o el Estado.

SediciónExisten leyes de sedición en países como Estados Unidos y Australia; en este último, forma parte de una ampliación de las sanciones y definiciones de la legislación antiterrorista que efectuaron en el mes de diciembre de 2005. Un caso conocido de sedición tuvo lugar en el año 1981, cuando un nacionalista puertorriqueño llamado Oscar López Rivera, quien había luchado en la guerra de Vietnam, recibió una condena a 70 años en la cárcel por haber conspirado en un delito sedicioso, entre otros.

López Rivera se encuentra entre los 16 individuos a los cuales Bill Clinton les ofreció un indulto condicional en el año 1999; sin embargo, él no lo aceptó. Según su hermana, la razón de su rechazo se debió a que no veía la diferencia entre estar encerrado y no poder hacer un uso pleno de su libertad. El tiempo que este hombre pasó en la cárcel, 32 años, lo ubica en el puesto del preso político que más ha durado tras las rejas en la historia de su país, pero también a nivel mundial.

En el año 2005, una mujer mexicana fue el foco de una investigación por actos sediciosos, luego de haber escrito una carta a un diario local en la cual criticaba negativamente al gobierno. El Sindicato para las Libertades Civiles en América estuvo a cargo del caso y consiguió que la acusada fuera exonerada de los cargos. Colombia considera la sedición como un delito que obstruye temporalmente el régimen legal vigente a través del uso de armas, y contempla la exclusión de la pena siempre que no acarree actos de barbarie, ferocidad o terrorismo.

Fuente.

Cito:
Constitución Nacional Nacional
Artículo 22.


Constitución Nacional Artículo 22 Nacional


El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución.

Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.

Nacional Artículo 22 Constitución Nacional

Fuente.
La violencia frente al Congreso fue orquestada por el (des)gobierno de CAMBIEMOS. Los revoltosos fueron PAGADOS para hacer quilombo y así invisibilizar la multitudinaria marcha que se estaba haciendo.
Finalmente ante las cámaras de la tele macrista solo pudimos ver gases, tiros, balas de goma pero no la imponente marcha contra los cipayos conservadores, procesisistas y vendepatrias.




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Antiguo 26-Dec-2017, 01:33   #20
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Parece que para vos tirar piedras es "pensar distinto".
Voy a citar lo que encontré por ahí, porque es más fácil que ponerse a escribir.

Cito:
Por qué la violencia frente al Congreso fue un acto de sedición



Todos vimos lo ocurrido en Buenos Aires y en La Plata el 14 y el 18 de diciembre. No fueron manifestaciones duras que ejercían el derecho a reunirse y peticionar a las autoridades. No fueron solamente una alteración del orden público por el fútbol o para asaltar supermercados. Fueron movilizaciones violentas con planeamiento, organización, tácticas, financiación y dirección concebidas para alterar el orden constitucional, impedir el funcionamiento de los poderes legítimos del Estado. Por eso hubo sedición.

No importa que no haya existido una fuerza armada en el sentido clásico, porque la Constitución y el Código Penal también consideran sedición a cualquier grupo de personas que se atribuya los derechos del pueblo e impida que deliberen y gobiernen las autoridades legales. Aunque no usen armas convencionales.

Esas hordas violentas quisieron impedir la ejecución de las leyes y las decisiones de los funcionarios públicos legítimos, como también define el Código Penal. ¿Cuáles leyes? Las normas que rigen al Congreso y la Legislatura. ¿Qué decisiones? El tratamiento de proyectos de ley. Más claro, imposible.

Lo ocurrido no puede exculparse con el argumento del derecho a manifestarse y peticionar, porque no hubo una manifestación pacífica como tantas que hemos visto. Fue una rebelión violentísima, coordinada y organizada que atacó a las fuerzas de seguridad con salvajismo para tomar el Congreso. Y en La Plata fue en algún aspecto, todavía peor.

Dejando de lado la ilegítima actuación previa de una jueza que debe ser juzgada con todo rigor, algunos creen que fue demasiado débil y formal la reacción judicial federal, porque no aplicó la ley con la energía y el rigor imprescindibles ante semejante ataque al Poder Legislativo.

En menos de 24 horas se liberó a todos los detenidos por la inicial ausencia de pruebas, al menos en los momentos inmediatamente posteriores a los disturbios. Si aparecen pruebas quizás, solo quizás, sean recapturados. Mientras, seguirán delinquiendo.

Debemos preguntarnos dos cosas: primero, si el juez a cargo extremó las medidas a su alcance para saber si al menos algunos de las decenas de detenidos habían delinquido. Lo sabremos cuando se conozca en profundidad el expediente.

Lo segundo se proyecta hacia el futuro: no hay duda de que hubo sedición, porque existió un alzamiento grupal contra el orden constitucional. Remarquemos que la sedición es gravísima, porque atenta contra el valor clave de nuestra convivencia: estar sometidos solo a las leyes y a las autoridades elegidas democráticamente. Tan grave es que aunque solamente ocurra una mera alteración del orden, igual debe haber penalidades, como manda el artículo 232 del Código Penal. Hasta hay sanción penal cuando se descubre antes de que empiece a cometerse.

El problema con este gravísimo delito es que se comete por muchas personas en grupo, a veces a cara tapada, en medio de humo, corridas y caos inimaginable. Eso dificulta mucho la obtención de pruebas de que cada detenido es directamente responsable, al menos con los parámetros tradicionales de análisis individual y específico, con jueces que demasiadas veces son excesivamente reacios a aceptar pruebas razonables.

Vimos cientos de atacantes con violencia desatada, organizados, armados con martillos, objetos punzantes, piedras y hasta bazucas caseros, dicen que coordinados con algunos diputados, tratando de impedir el proceso legislativo. También hubo delitos de lesiones gravísimas, graves y leves, robos, hurtos, daños, estrago, asociación ilícita, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del crimen, atentado al orden público, resistencia a la autoridad, denegación y retardo de justicia y encubrimiento.

Esos ataques han costado mucho dolor y daños físicos a nuestros policías y nos costará decenas de millones de nuestros impuestos reparar los bienes públicos destruidos, o sea, dinero nuestro que no irá ni a educación, ni a salud, ni a seguridad.

Claro que jueces y fiscales no pueden ser ni débiles ni crueles: tienen la obligación y el monopolio de aplicar las leyes, siempre y con rigor y cordura. O sea, deben hacer justicia.

Por eso, para impedir tanto la debilidad sistémica como la arbitrariedad, necesitamos reformar ciertas normas procesales para revertir la debilidad probatoria en casos colectivos como la sedición, que pueden provocar la impunidad de los sediciosos. Seguir así sería suicida para la democracia, que quedaría indefensa ante unos cientos de violentos.



Una ley debe imponer más apertura al sentido común, las inducciones y las deducciones, menos formalismos exculpatorios y más herramientas tecnológicas y probatorias. Sumando las técnicas documentales modernas será posible dejar de estar tan indefensos ante estos ataques, por ejemplo, a través de reconocimiento facial y de imágenes, tan comunes en las redes sociales, sin aplicar la teoría del fruto del árbol prohibido.

Si seguimos con la debilidad institucional y los formalismos actuales, proliferarán grupos como los del otro día, que al no conseguir ganar el poder con elecciones, quieren lograrlo por el miedo y el caos. Solo podemos defendernos con leyes modernas, aptas, de ejecución rápida y segura.

La Justicia es responsable de proteger a los ciudadanos y más aún: al sistema republicano. Deben hacerlo con energía, rapidez, firmeza y eficiencia, como lo demostró el juez de la Corte Julio Oyhanarte cuando solo con su coraje, un papel y una lapicera tomó juramento al presidente provisional Guido, impidiendo al golpista general Poggi asumir la presidencia tras derrocar a Frondizi.

Pasaron desde esa gesta tan solitaria como heroica 55 años y tenemos más recursos que papel y lapiceras. La tecnología permite reconocer las caras de los sediciosos y los delincuentes; los drones ven ángulos e imágenes antes imposibles, en fin, hay otro mundo. La cuestión es que las leyes les permitan y obliguen a los jueces a tomar las medidas preventivas rápidas para que estos desastres republicanos no se conviertan en el prólogo de una etapa nefasta de fuerza bruta y violencia.

Si tenemos miedo de aplicar las leyes, si dejamos impunes también a estos atentados contra el orden constitucional, será el inicio de tiempos demasiado oscuros que nos quitarán el futuro. Cambiemos.

El autor es abogado y ex integrante del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

Fuente.

Cito:
Sedición, un término que deriva del latín seditĭo, es un levantamiento grupal contra los gobernantes, las autoridades o el orden vigente. Por lo general, se considera la sedición como un movimiento o una actitud que tiene una gravedad menor que una rebelión o una revolución.

Fomentar organizaciones que se oponen a la autoridad, promover la resistencia al poder y realizar discursos públicos en contra del orden establecido son algunas acciones típicas de la sedición. Estas prácticas pueden considerarse como un delito dependiendo del contexto y la legislación de cada país.

De esta manera, hay que decir que las manifestaciones pacíficas, los actos de protesta y el ejercicio de la oposición política no suelen considerarse como actos de sedición ni acciones ilegales en los regímenes democráticos.

Podemos tomar el caso de la República Argentina para comprender qué es la sedición y en qué punto se consideran sus acciones como un delito. De acuerdo a la Constitución de este país sudamericano, el pueblo gobierna a través de sus representantes y de las autoridades establecidas por la Carta Magna. Las personas que pretenden atribuirse los derechos de los ciudadanos y realizar reclamos en su nombre, afirma la Constitución argentina, incurren en el delito de sedición.

De este modo, si integrantes de la fuerza policial deciden no acatar las órdenes del poder político hasta que se les otorgue un aumento de salario, estas personas podrán ser acusadas de sedición ya que no están respetando lo establecido por la Constitución. En Argentina, las condenas por sedición pueden acarrear varios años de cárcel.

La persona responsable de promover las actitudes y los hechos recién descritos, correspondientes a una situación que puede catalogarse de sedición, se considera “sediciosa”, una palabra que puede actuar como adjetivo o como sustantivo, según el caso.

Con respecto al término sedición, puede decirse que en la modernidad apareció por primera vez alrededor del 1590, durante el reinado de Isabel I, aunque mucho antes ya puede apreciarse en la biblia católica para referirse a la acción de promover a través de escritos o palabras la hostilidad hacia la autoridad constituida o el Estado.

SediciónExisten leyes de sedición en países como Estados Unidos y Australia; en este último, forma parte de una ampliación de las sanciones y definiciones de la legislación antiterrorista que efectuaron en el mes de diciembre de 2005. Un caso conocido de sedición tuvo lugar en el año 1981, cuando un nacionalista puertorriqueño llamado Oscar López Rivera, quien había luchado en la guerra de Vietnam, recibió una condena a 70 años en la cárcel por haber conspirado en un delito sedicioso, entre otros.

López Rivera se encuentra entre los 16 individuos a los cuales Bill Clinton les ofreció un indulto condicional en el año 1999; sin embargo, él no lo aceptó. Según su hermana, la razón de su rechazo se debió a que no veía la diferencia entre estar encerrado y no poder hacer un uso pleno de su libertad. El tiempo que este hombre pasó en la cárcel, 32 años, lo ubica en el puesto del preso político que más ha durado tras las rejas en la historia de su país, pero también a nivel mundial.

En el año 2005, una mujer mexicana fue el foco de una investigación por actos sediciosos, luego de haber escrito una carta a un diario local en la cual criticaba negativamente al gobierno. El Sindicato para las Libertades Civiles en América estuvo a cargo del caso y consiguió que la acusada fuera exonerada de los cargos. Colombia considera la sedición como un delito que obstruye temporalmente el régimen legal vigente a través del uso de armas, y contempla la exclusión de la pena siempre que no acarree actos de barbarie, ferocidad o terrorismo.

Fuente.

Cito:
Constitución Nacional Nacional
Artículo 22.


Constitución Nacional Artículo 22 Nacional


El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución.

Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.

Nacional Artículo 22 Constitución Nacional

Fuente.
El derecho a reclamar

Por Mirta Mántaras*

Los piqueteros que ocupan los espacios públicos están ejerciendo legalmente sus derechos políticos, amparados por el artículo 14 de la Constitución Nacional, pues tanto el derecho de reunión como el de peticionar a las autoridades forman parte de la soberanía reservada no delegada a ningún poder.

Se trata de derechos inherentes al pueblo que pueden tener una gran diversidad, pues refiere a medidas que se reclama sean tomadas por el Gobierno o a la rendición de cuentas de la gestión pública.

El derecho de peticionar a las autoridades tiene como correlato el derecho a ser escuchado, pues no se reduce a un grito en el desierto, sino que debe haber una respuesta al pedido, una explicación y una solución adecuada.
Cuando las autoridades hacen oídos sordos, no por ello desaparece el derecho de petición, sino que entonces se habilita otra modalidad para ejercerlo, que es la acción directa, para llamarles la atención con una contundente protesta pública.

Es lo que están haciendo quienes cortan calles, permanecen en las puertas de acceso de oficinas públicas y hasta obligan a los funcionarios sordos a utilizar los helicópteros para retirarse.

Los piqueteros reclaman derechos humanos esenciales, como lo son el derecho a no vivir en la miseria material del hambre y la enfermedad y a no vivir en la miseria moral con temor a la represión y a la muerte.

Estos derechos esenciales figuran en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos (año 1948) que establece que los seres humanos tienen el inalienable derecho de estar liberados de temor y la miseria, y agrega que cuando los gobiernos no se lo garantizan, las personas tienen derecho de resistencia a la opresión.

Hoy hay temor y miseria, por eso es legítimo reclamar aunque fuera una porción de los ingresos públicos como ser el 21 por ciento de IVA que pagan todos los habitantes cada vez que compran artículos de primera necesidad, pan, leche, yerba, calzado, etc. Los derechos humanos universales que amparan a los piqueteros están incorporados a la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 22.

El derecho a transitar por calles y rutas es también un derecho no delegado que tiene todos los ciudadanos, pero su limitación temporaria se justifica cuando resulta una de las pocas medidas para proteger un derecho más perentorio, el derecho a la vida, sin el cual los demás carecen de sentido.

* Abogada de derechos humanos.


"El "derecho de protestar" que suelen ejercer los denominados piqueteros está expresamente reconocido en la Constitución nacional, aunque técnicamente se denomina "derecho de peticionar a las autoridades". El modo de llevar a cabo esa "petición" o "protesta" puede ser variado: desde una manifestación pública hasta el inicio de una acción judicial. Cualquiera de ellos es válido en la medida en que, al ejercer ese derecho, no se dañe a terceros o se afecte la moral y las buenas costumbres, teniendo en cuenta ciertos parámetros culturales medios de una sociedad."

http://www.lanacion.com.ar/616050-el...o-de-protestar


Si realmente considerás que manifestarse en contra de un gobierno es sedición, chau, Robertito.
tatincito está desconectado   Responder Citando
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